San Juan de la Maguana.-Entre lágrimas e impotencia, una de las afectadas llegó a manifestar que prefiere la muerte antes que perder la propiedad que habitó por más de tres décadas.
La comunidad exige la
intervención inmediata de las autoridades ante lo que catalogan como un abuso
sin precedentes. Pasamos con los detalles.
Lo que tomó más de treinta años en construirse, quedó
reducido a escombros en un abrir y cerrar de ojos.
Un fuerte contingente policial resguardó la ejecución de la
destrucción de las viviendas, alterando la paz de familias enteras que
habitaban pacíficamente estos predios.
Cliseyda Mateo expresó con dolor cómo la intervención
policial arrasó, de forma fulminante, con la vida y la estabilidad de seres
humanos que tenían su hogar establecido en este lugar.
Los afectados denuncian que la acción fue tan sorpresiva que
ni siquiera les otorgaron el tiempo necesario para notificar a la justicia o
recurrir a un recurso de amparo que detuviera la orden.
Tampoco entienden el origen legal del desalojo, ya que
afirman que estas tierras les fueron adjudicadas legalmente por el Estado
dominicano a través de la Ley de Cuota Parte.
Domingo Rodríguez Valdez, presidente de la asociación de
parceleros, recordó la contradicción histórica de este proceso.
Explicó que los
ciudadanos fueron asentados originalmente durante uno de los gobiernos de
Joaquín Balaguer, posteriormente beneficiados con un proyecto de vivienda, y
hoy, paradójicamente, resultan desalojados bajo la actual gestión de Luis
Abinader.
Ante esta situación, la comunidad hace un llamado urgente a
la Dirección Ejecutiva del Instituto Agrario Dominicano para que intervenga en
lo que califican como una brutal desconsideración. Asimismo, han solicitado la
mediación del Defensor del Pueblo para hacer frente a este supuesto atropello.
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