Ley busca establecer la Dirección Nacional de Inteligencia, el principal de dos nuevos organismos que sustituirán actual DNI
De aprobarse un proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional, la República Dominicana implementaría cambios en la ejecución de su política de seguridad nacional, con la creación de nuevos organismos encargados de desarrollar actividades específicas deinteligencia y contrainteligencia.
Se trata de una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que vendría a crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), (en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, actual DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia.
La pieza fue aprobada en el Senado en segunda lectura, y pasó a la Cámara de Diputados para su sanción. De ser conocida y refrendada antes de concluir la legislatura extraordinaria, que culmina el próximo 15 de febrero, sería ley.
El proyecto fue sometido al Congreso Nacional por el Ejecutivo el 22 de junio de 2021, pero perimió y luego fue reintroducido con una enmienda por el senador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milciades Franjul.
La propuesta establece que “se hace necesario precisar los objetivos y redefinir las funciones asignadas al actual Departamento Nacional de Investigaciones, reestructurando su organización interna y dotándola de herramientas que le permitan mayor eficiencia en sus acciones de inteligencia, las cuales deben sujetarse a controles que garanticen los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos”.
Bajo esos argumentos dispone que la DNI, como órgano centralizado del Estado, estaría destinada a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
En consecuencia, integrarían el sistema de inteligencia, teniendo a la DNI como su órgano coordinador; las unidades militares J2, M2, G2 y A2, cuando desarrollen actividades para la seguridad nacional, y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel).
Asimismo, integra al sistema el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD; la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y organismos del Estado que
manejen información que pueda interesar a los fines de aplicar la ley o con capacidades técnicas.
Fuente: Diario Libre
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