Por Rubén Moreta
En materia de derechos humanos, la República
Dominicana presenta inocultables rezagos. La violación más notoria es la imposición de
la pena de muerte extralegal que ha hecho la Policía Nacional.
Por falta de una acción efectiva y eficiente
del Estado para encarar la inseguridad y
violencia social que se registra en los grandes centros urbanos y en la
zona rural, la respuesta oficial ha sido el uso de “mano dura” por parte de la policía, elemento que se ha
traducido en deleznables ejecuciones extrajudiciales.
Concretamente, el uso desproporcionado de
fuerza letal por la policía constituye la tónica que caracteriza esa corporación
represiva, cuyos agentes tienen las manos manchadas de sangre por haber
asesinado cerca de siete mil jóvenes en lo que va de este siglo.
Esas ejecuciones ilegales de jóvenes de los
barrios miseriosos, han ocurrido en el marco de los gobiernos “liberales” que
ha tenido este país caribeño en los últimos quince años. Un caso horripilante
ocurrió hacen unos días en la ciudad sureña de San Juan de la Maguana, lo cual ha
consternado a todos los que viven en este poblado, cuna del Presidente Danilo
Medina. Miembros uniformados llegaron al
empobrecido barrio El Cepillo, se lanzaron del vehículo antes de que se detuviera, esgrimieron
pistolas y ametralladoras, y lanzaron insultos e intimidación a lugareños.
A un
joven motoconchista de veintitrés años, uno
de los policías le apuntó y le pegó un tiro mortal por la espalda. Cuando el agente se acercó y le vio la cara,
se llevó las dos manos a la cabeza y exclamó: “diablo me equivoqué; no era ese el que quería matar”. Pero ya consumada la “equivocación” no pudo
revivir a Andy Dasiel Cabrera
Rosado, como llamaban al finado.
Los gendarmes intentaron ponerle una pistola al
cadáver para fabricar la excusa de que el deceso se produjo mediante un “intercambio
de disparos”, pero los vecinos lo impidieron.
Un par de horas después, la Dirección Regional Oeste
de la Policía, al mando del General Aquino Reinoso Robles, volvió a matar con
una “bala moral” a Andy Dasiel, al “dispararle” -también abusivamente- una nota
de prensa acusándolo de ser un “reconocido
distribuidor de drogas del barrio”. Los familiares –muy valientemente- han pedido
le hagan la prueba antidoping al cadáver del malogrado, para demostrar que no
consumía ni vendía drogas.
En la lógica policial, esta horrorosa muerte se
tipifica como un daño colateral y caso cerrado.
Así funciona la lógica policial, desconociendo el más elemental respeto
a la dignidad humana y a los derechos de la persona, porque los policías han
impuesto la pena de muerte extralegal.
El agente asesino se pasea libremente por las calles sanjuaneras.
La Policía, como cuerpo “preservador” del orden
público, por sí solo y al margen de todo el aparato constitucional y normativo,
impuso la pena capital en los barrios, asesinando a jóvenes “sin chistar ni
mistar”.
Como los acribillados son “jodidos”, su exterminio, al parecer, no
tiene ninguna importancia. Simple daño
colateral.
Los desacreditados intercambios de disparos
entre policías y supuestos delincuentes,
constituyen un uso indebido y abusivo de fuerza letal.
Tienen mucha razón los organismos
internacionales de defensa de derechos humanos al denunciar al país como
violador de estos derechos, que los apologistas
del régimen quieren desmentir.
Existen otras formas de violación de los derechos humanos, como es la
homofobia, a través de la cual se lesiona a individuos por su orientación
sexual. En la televisión y la radio
nacionales, por ejemplo, los homosexuales son burlados y ridiculizados, lo que
constituye una acción que vulnera las
prerrogativas de esa minoría. En las
escuelas los gay son víctimas del bullying.
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